El contralor subrogante, Pablo Celi, anunció la noticia la mañana de ayer, 9 de julio del 2018. Otro informe de auditoría de la deuda pública determina responsabilidad penal del expresidente Rafael Correa y otros funcionarios. El documento ya está en manos de la Fiscalía.
Se trata de un examen especial al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes), aquellos papeles a través de los cuales el Fisco consigue liquidez.
Por ejemplo, se determinó que en el periodo de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, se colocaron Cetes a plazos mayores que los permitidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip); es decir, más de 360 días. Además, según el informe, estos documentos no son considerados como deuda en el registro.
Celi dijo que a parte del Mashi, también están involucrados “los exministros de Economía y Finanzas; el exministro Coordinador de Política Económica, a la Secretaria Nacional de Planificación; gerente General del Banco Central del Ecuador; miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria; y a otros funcionarios en lo que tiene que ver con las resoluciones sobre dos certificados”.
“Sigue el payaso y la payasada”, escribió Correa en su red social favorita. Este es el segundo informe, emitido por la Contraloría, que apunta a responsabilidad penal del ‘Mashi’.
En el caso Balda, la jueza Daniela Camacho aceptó ayer el recurso de apelación presentado por el abogado de Correa hacia la medida de prisión preventiva.